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La Cámara del Trabajo condeno a una empresa de alquiler de carpas y ordenó que indemnice a una empleada

condena contra una empresa de alquiler de carpas

13/01/13
La Cámara del Trabajo confirmó una condena contra una empresa de alquiler de carpas y ordenó que indemnice a una empleada a la que los dueños del local llamaban “vieja loca” y “vieja bo…”.
La sala I de la Cámara Laboral, con las firmas de Gloria Pasten de Ishihara y Julio Vilela, confirmó un fallo de primera instancia que ordenó indemnizar a una mujer que era maltratada por los dueños de una empresa de alquiler de carpas.

La mujer trabajaba en la empresa Carpas D´Angiola SRL y era maltratada por los dueños hasta febrero de 2010 se consideró despedida. Durante tres años, la mujer fue maltratada por esto que la llamaban “vieja bo…”, “vieja con…” y “vieja loca”.

En 2007 comenzó a trabajar en la empresa “realizando tareas administrativas que consistían en la preparación de la documentación necesaria para responder a las contrataciones celebradas por esa firma con los clientes que requerían los servicios por ella brindados”.

Según las declaraciones de los testigos de la causa, a la mujer “se le impartían órdenes de trabajo en forma agresiva, insultante, degradante, y que además percibía parte de su salario en forma extra contable”, explica el fallo.

Asimismo, se acreditó que uno de sus jefes “se refería a la actora como ‘la vieja’, de manera despectiva”, y también la llamaban “la vieja con…", le ordenaban "andá para allá, bol…" o la arengaban: "dale, vieja de m…". Los tratos hacia la mujer le generaron “un cuadro de neurosis fóbica moderada, encuadrable como Reacción vivencial anormal neurótica grado III que la incapacita en el 20%, en forma permanente”, sostiene la sentencia.

“La violencia en el ámbito de las relaciones laborales se manifiesta en diferentes formas de maltrato, se relaciona con la utilización abusiva del poder para obtener un resultado concreto”, explican los jueces en el fallo.

También, “mediante toda acción, conducta o inactividad ejercida o tolerada en el ámbito laboral por la parte empleadora, superiores jerárquicos o terceros que restringen la esfera de la libertad y constituyen un atentado a la dignidad, la integridad física, moral o sexual de la persona trabajadora”, sostiene la sentencia.

Por ello decidieron confirmar la sentencia y ordenar se indemnice a la mujer por los maltratos que realizaban los dueños de la empresa.

el fallo se encuentra en la sección: Jurisprudencia Interna Nacional.

Coincido con los conceptos y fundamentos expresados por los integrantes de esta Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,y repudio esta actitud altamente lesiva de derechos ínsitos a todo ser humano; a principios básicos del Derecho del Trabajo, siendo el caso en cuestión,un ejemplo de violencia laboral y discriminación,que viola expresamente la denominada y plenamente vigente Ley Integral de Protección de la Mujer. Susana Treviño Ghioldi

condena a cadena de electrodoméstico

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7/10/13 La Justicia de Salta hizo lugar a un recurso de apelación presentado por un consumidor que compró un televisor LCD que le vino fallado y condenó a la cadena de electrodomésticos a reintegrarle el importe abonado.

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Confirmaron la condena por abuso sexual contra Grassi

Confirmaron la condena por abuso sexual contra Grassi

Lo ratificó la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El abogado querellante dijo que debería "ir preso de manera inmediata".
Miércoles 18 de Septiembre de 2013

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Radiografía de condenas por drogas

4/07/13 Drogas._Estupefacientes._Pastillas._AUTOR._Jgoge.-.jpg_897418334
El Poder Judicial de Córdoba realizó un relevamiento de los condenados por la Ley de Drogas, y a partir de ello elaboró un perfil de los infractores de la norma. En la mayoría de los casos son personas de bajos recursos, sin un trabajo fijo, y son sostén de familia.
El Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez del Poder Judicial de Córdoba realizó una investigación y, a partir de sus resultados, elaboró un perfil de los posibles infractores a al Ley de Estupefacientes.

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Condenan a una obra social a cubrir un tratamiento de fertilización in vitro

04/03/2013 Lo decidió un juez de la Cámara en lo Civil y Comercial salteña, ante el amparo presentado por una pareja. La mujer padece una patología que afecta su sistema reproductivo y el tratamiento sería la única opción para tener un hijo.
La Justicia hizo lugar a una acción de amparo y condenó al Instituto Provincial de Salud de Salta a brindar la cobertura integral del costo de tratamiento de fertilización in vitro de una pareja cuya única posibilidad de ser padres era ésta.
La mujer, afiliada forzosa de la obra social, padece tiroiditis de Hashimoto, una patología que provoca una severa disfunción hormonal impidiéndole la ovulación, afectando severamente su sistema reproductivo.

La obra social no cubre este tipo de tratamientos.

En la sentencia dictada este miércoles, el juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez citó una decisión de noviembre de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al estado de Costa Rica porque prohibía la utilización de las técnicas de fecundación in vitro.
El magistrado recordó además la importancia de las acciones positivas y el rol que debe cumplir el Poder Judicial cuando la misma no es realizada por los otros poderes del Estado.
Citó a la Corte Interamericana en cuanto a la naturaleza de los derechos reproductivos "que se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva".

Agregó que la prohibición de la fecundación in vitro "tiene un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no cuentan con los recursos económicos para practicarla".

"Quedan sin sustento las afirmaciones de la accionada respecto a la no cobertura por falta de imposición legal y se evidencia la configuración del acto arbitrario que torna procedente la vía del amparo, dado que la decisión denegatoria adoptada por el Instituto, violenta los derechos de los accionantes a decidir respecto a su vida y la conformación de su familia, pero por sobre todo la potestad de gozar en plenitud de su derecho a la salud, en la concepción adoptada por la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no consiste únicamente en una ausencia de enfermedad o lesión orgánica", precisó.
Citando al tribunal supranacional, dijo que la prohibición de la fecundación in vitro impactó en la intimidad de las personas. "El no acatamiento de los fallos de la Corte Interamericana, genera responsabilidad patrimonial a los estados partes", agregó.
En su resolución, el juez condenó a la obra social provincial a cubrir integralmente el tratamiento pagando la cifra estimada en un máximo de diez días posteriores a la presentación de la factura por el tratamiento correspondiente.

De acuerdo a los datos aportados en esta noticia, el fallo dictado contra una obra social de la provincia de Salta, y que a los fines de su cabal interpretación sería casi indispensable que siempre el mismo se suba conjuntamente con ésta, hizo lugar a la acción de amparo iniciada por una pareja de beneficiarios solicitando la cobertura de una práctica-fertilización in vitro- no contemplada por el listado de esa obra social.Estimo de gran importancia esta medida ordenada por la Justicia, que no se aparta del camino ya iniciado en otros Tribunales en pro de la defensa y protección amplia de los/as beneficiarios/as de una obra social.Asimismo la aplicación expresa de fallos de la Corte Interamericana de Justicia, los fundamentos de los mismos, y parámetros de la organización Mundial de la salud demuestran una vez más la enorme importancia que reviste la Jurisprudencia y Doctrina Internacional en todos los fallos internos de Argentina, reconocidos por la Constitución Nacional. Susana Treviño Ghioldi

Condenan a una firma por no tomar en cuenta las denuncias de acoso sexual de una empleada

La dependiente había informado que su jefe le hacía propuestas indecentes y comentarios incómodos, por lo que ahora deberán resarcirla por daño moral. En la Cámara de Diputados se analizará un proyecto que trata sobre esta problemática en el ámbito laboral. Cuáles son sus puntos importantes

Por Sebastian Albornos Mail

351368La Ley 26.485 y su decreto reglamentario tratan sobre la Protección Integral a las Mujeres y reprimen, entre otras conductas, las que basadas en una relación desigual de poder afecten la vida, la libertad, dignidad, integridad física y psicológica, sexual, económica o patrimonial de las víctimas.
El acoso sexual es una de las figuras más corrientes en el derecho laboral donde la persona damnificada se resiste a las pretensiones o propuestas sexuales que le efectúa su acosador, siendo muchas veces un dispositivo o disparador para el mobbing o acoso moral.
Para evitar esta clase de situaciones y reclamos, las empresas deben tomar varios recaudos, para garantizarle a la víctima un canal de comunicación que le permita denunciar esos episodios y terminar con el acoso.
La importancia que reviste esta problemática es tal que ya llegó al Congreso, de la mano del diputado oficialista Héctor Recalde, un proyecto de ley que se espera que sea tratado en el recinto de la Cámara baja sobre "prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual laboral", que hace algunos días obtuvo dictamen favorable de la comisión de Derechos Humanos.
En tanto, los juicios se multiplican en la Justicia. Recientemente, se dio a conocer un caso en el que una empresa fue condenada a pagar una indemnización por daño moral a una empleada que había informado que su jefe la acosaba sexualmente y fue despedida por una supuesta reestructuración.
Los jueces sostuvieron que la firma, al no poder probar sus afirmaciones, incurrió en discriminación por lo que fue obligada a resarcir a la dependiente.

Reclamo desestimado
La empleada indicó que su jefe la acosaba sexualmente, ya que éste la miraba de modo libidinoso, le hacía comentarios impropios y se refería a ella de forma desubicada frente a los demás.
A raíz de una reorganización física dispuesta por la empresa, le asignaron un lugar en una oficina con él, donde relató que aquél veía pornografía por Internet, sin importarle su presencia. Esta situación le generaba pudor, incomodidad y una presión emocional anormal.
Al poco tiempo, le comunicó dicha situación a las distintas autoridades de la firma, quienes le dijeron que estaban al tanto de dicha situación, que consideraban que esa persona estaba enferma y que la ayudarían.
Sin embargo, luego de una reunión entre los dueños y directivos, la empleada fue desvinculada bajo el argumento de que la compañía estaba en proceso de reestructuración, por lo que fue indemnizada como si se tratase de un despido sin causa.
A pesar de ser indemnizada, se presentó ante la Justicia para reclamar un resarcimiento extra por daño moral ya que sostuvo que fue víctima de acoso sexual, discriminación y que la cesantía se debió a que comunicó esa situación a las autoridades de la compañía. Además, solicitó la aplicación de distintas multas ya que percibía parte de su salario sin registración.
Sin embargo, la empresa negó que dentro de la  misma hubiese existido algún tipo de acoso físico o moral hacia la reclamante y aseguró que no fue advertida ni notificada de los mencionados padecimientos.
En su defensa, la compañía señaló que la dependiente trabajaba en un lugar frecuentemente visitado, utilizado como sala de reunión y compartido.
Tras evaluar los hechos, la jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda al aceptar el reclamo referido a los pagos "en negro" y desestimó, en cambio, la pretensión por despido discriminatorio.
De esta manera, ambas partes se presentaron ante la Cámara. La dependiente se quejó por el rechazo de la indemnización solicitada en concepto de daño moral. En tanto, la firma cuestionó la aplicación de las diferentes multas, pero su pedido fue rechazado porque varios testigos avalaron los dichos de la reclamante.
Sobre el otro punto, los magistrados indicaron que el acoso sexual "puede manifestarse por diversas conductas como lenguaje grosero, solicitud de favores sexuales, bromas permanentes, miradas y manoseos, entre otros".
"Este tipo de proposiciones "molestas" tienen el propósito de interferir con el desempeño laboral, porque son la base de las decisiones que afectan al sujeto y de la responsabilidad del empleador que comete tal acto, más allá que fueran autorizados o prohibidos por éste al no emprender las acciones correctivas oportunamente", señalaron los camaristas.
Sobre este punto, explicaron que la Ley 26.485 "tiende a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, que encuentra sustento en convenciones internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer".
Luego destacaron que los casos de despidos discriminatorios son de difícil probanza para las víctimas, por lo que la trabajadora debe aportar un indicio razonable de esos hechos y la empleadora tiene que demostrar que su decisión de romper el vínculo laboral es ajena al derecho lesionado.
En este caso, la empresa alegó "reestructuración" pero no aportó elementos probatorios suficientes para acreditar la necesidad de llevarla a cabo.
De esta forma, para los jueces, era viable concluir que la reclamante fue víctima de acoso sexual por parte de quien se desempeñaba como gerente de legales de la empresa. Además, entendieron que el hecho de que la dependiente hiciera saber dicha situación a las autoridades de la compañía derivó en su despido, lo cual contraría derechos irrenunciables consagrados por la Constitución Nacional, en normas internacionales, en la Ley de Contrato de Trabajo y, en especial, en la norma sobre Protección Integral a las Mujeres.
La lesión de estos legítimos derechos hacían aplicable, para los jueces, la reparación del daño moral de acuerdo a los lineamientos previstos en el Código Civil. Dicho resarcimiento fue fijado en $15.000.
Julián de Diego, socio del estudio homónimo, indicó que "en función de la tendencia actual en lo que hace a los códigos de conducta enarbolados por las empresas, el acoso sexual en particular es un acto ilícito que se arraiga en la sociedad por razones culturales, sociológicas y psicológicas, pero que se transforma en un mal que produce daños en el seno laboral".
"Frente a esta realidad, el acosador debe ser aislado e investigado y, si es responsable, debe ser apartado de la organización. Y el acosado es una víctima que debe ser protegida, amparada por la confidencialidad de la denuncia. Se deben investigar los hechos y procurar que la misma restablezca la normalidad y regrese a una vida laboral normal y protegida", remarcó.
Luego agregó que "en todos los casos, se debe actuar con responsabilidad y custodiando el derecho de cada uno, sobre todo el derecho de los más débiles".

Inconsistencias con un proyecto de ley
Por otro lado, la Cámara de Diputados podrá tratar en el recinto un proyecto del legislador Héctor Recalde tendiente a la "prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual laboral", ya que obtuvo los dictámenes que necesitaba para debatirse en el plenario.
En el texto de la iniciativa se define al acoso sexual como "todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, no consentida por quien la recibe, cuando se formula con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la víctima si no accede a los requerimientos del acosador, o cuando interfiere el habitual desempeño del trabajo o provoca un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo".

En caso de aprobarse, las compañías deberá tener presente que:

El trabajador podrá considerarse despedido sin causa cuando fuere objeto de  acoso sexual en ocasión del mismo, sin importar si a éste lo cometió un superior jerárquico u otro trabajador. Para ello, debe efectuar la denuncia y el empleador no debe haber adoptado las medidas necesarias para hacer cesar tal conducta.
    Si el empleado diera a conocer el hecho, no podrá ver modificadas sus condiciones laborales ni ser despedido. En todo caso, si el empleador infringe tal mandato, le dará el derecho al dependiente de optar por considerarse despedido sin causa o accionar legalmente para reestablecer las condiciones alteradas.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado se debe a su denuncia, cuando la modificación se lleve a cabo dentro del año subsiguiente a aquella.
En los casos en que la empresa decida dar por finalizado un vínculo dentro del lapso indicado, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el resarcimiento por antigüedad previsto en el artículo 245 de la LCT ya que se presumirá que la ruptura tuvo su origen en el acto denunciado.
Esteban Carcavallo, socio de Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, señaló al respecto que quienes redactaron este nuevo proyecto olvidaron que "ya existe la Ley de Protección de la Mujer, con un capítulo dedicado a la violencia ejercida en el ámbito laboral y al acoso sexual, por lo que cualquier otra iniciativa debería articularse a esta última norma y, en lo posible, evitarse que un mismo hecho cuente con más de una regulación legal".
En tanto, Andrea Mac Donald, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires cuestionó al proyecto porque "debería incluir solamente la violencia laboral y no el acoso sexual laboral, ya que ambas figuras son diferentes en el mercado laboral".
Y concluyó: "El acoso sexual laboral puede ser un futuro disparador del mobbing porque se convertiría, luego, en el pleno hostigamiento como producto de las reiteradas negativas de la víctima de no acceder a las pretensiones sexuales del otro sujeto".

fuente: www.iprofesional.com

En la temática de la violencia laboral la creación pretoriana ha sido fundamental y como profesional que ejerce la abogacía y especialmente como ciudadana, me enorgullezco de que así sea. Es una realidad que nadie puede ni debe soslayar y que fue recepcionada casi por unanimidad por jueces y juezas con competencia laboral y y principalmente de la justicia nacional, y merece un gran reconocimiento por parte de la ciudadanía, especialmente de los/as trabajadoras/es. El debate en sede legislativa es muy importante, atendiendo que desde hace ya años existen muchos y muy buenos proyectos presentados por representantes de diferentes partidos políticos, y siempre sistemáticamente quedaba sin tratamiento. Efectivamente, la Ley Integral contempla diversas formas de violencia pero solamente contra la mujer, y no también contra seres humanos en general, mujeres u hombres.- Asimismo, el acoso sexual es una de las tantas manifestaciones de exteriorización de la Violencia. Susana Treviño Ghioldi

Justicia argentina condena a diario por acusación falsa

BUENOS AIRES, oct. 19 (UPI) — En la causa la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desestimó los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley planteados por la Editorial La Capital S.A.

Y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda y ordenó una indemnización por daños y perjuicios, consignó el Diario Judicial. Es que el diario "La Capital" publicó varias notas en las que "se lo habría injuriado y calumniado, al acusárselo de haber sido el autor del delito de abuso sexual contra su hija menor" (en ese momento de 4 años de edad). Ello "antes del dictado del sobreseimiento en la causa penal", y en consecuencia, "haberse brindado información falsa, conculcándose así sus derechos a la dignidad, al honor, a la reputación y a la intimidad familiar".
En el fallo los magistrados sostuvieron que "tratándose el caso de un ciudadano común (un médico hematólogo del Hospital Privado de la Comunidad de la Ciudad de Mar del Plata), la protección frente a los excesos en el ejercicio de la libertad de prensa debe ser mayor y la responsabilidad de quienes incurren en ellos no se limita a supuestos en los que medie ‘real malicia’".
Tras la sentencia el diario interpuso un recurso extraordinario ya que consideraba que "los magistrados efectuaron un análisis incorrecto de la doctrina ‘Campillay’" ya que "en todas las notas publicadas…se había cumplido con al menos uno de los tres recaudos allí exigidos".

fuente: espanol.upi.com

La Justicia utilizó la figura de “violencia laboral” para condenar a una empresa por cambio de tareas

Cuando la empleada retomó su actividad, tras su licencia por maternidad, se encontró con que fue destinada a cumplir otras funciones. Además, le habían quitado sus herramientas de trabajo. ¿Por qué los jueces aplicaron la Ley de Protección Integral de las Mujeres? La opinión de especialistas

Por Sebastian Albornos MailiProfesional.com

En la vida laboral de las mujeres hay pocos momentos más difíciles como el de reincorporarse al trabajo luego de haber tenido un hijo. El simple hecho de pensar en tener que retornar al empleo y dejar al bebé con otra persona, por más que sea de su extrema confianza, aprieta el corazón.
Y si a ello se suma que, al volver de la licencia, las condiciones laborales cambiaron para peor, la situación resulta muy estresante al punto que la Justicia podría entender que se trata de un caso de "violencia" contra la dependiente.La Justicia utilizó la figura de “violencia laboral” para condenar a una empresa por cambio de tareas
Es por ello que, en estos casos, los empresarios deben atender estrictamente a lo que establece la normativa vigente y analizar las consecuencias de cambiar el puesto laboral de la empleada en cuestión a su regreso, aún cuando se mantuviera el nivel salarial.
En este contexto, en una sentencia reciente de la Cámara laboral, los jueces condenaron a una empresa por el despido de una mujer que se había reincorporado recientemente luego de dar a luz. Lo novedoso del fallo es que, esta vez, aplicaron la nueva Ley de Protección Integral de las Mujeres y, consecuentemente, ordenaron el pago de una indemnización basados en que hubo "violencia laboral" contra ella.

A trabajar a la cocina
Una mujer se reintegró a sus tareas luego de la licencia por maternidad. Al ingresar a la empresa, notó que su oficina, sus herramientas laborales y su puesto habían sido ocupados por otra persona.
A los pocos días envió un telegrama a la compañía para denunciar tal circunstancia e intimó a que se la reincorporara "como corresponde", para cumplir con las mismas tareas que venía realizando anteriormente.
Su jefe le informó que la firma decidió continuar con el contrato de su reemplazante y que era más cómodo que ella se mudase al piso de arriba, donde no tenía computadora propia ni una contraseña para acceder al sistema, que usualmente utilizaba, y que era de vital necesidad para su labor.
Además, se le asignaron tareas notablemente distintas a las que venía efectuando desde hacía ya varios años y, sólo debido a sus reclamos, le dieron una computadora que no poseía el sistema necesario y las claves de ingreso para que pudiera cumplir con sus tareas.
Por otra parte, debía utilizar la sala de reuniones cuando ésta se hallara desocupada, dado que no tenía un espacio físico propio por lo que también denunció que llegó a tener que utilizar la cocina para efectuar sus tareas, dada la carencia de espacio.
Como no recibió ninguna contestación telegráfica de la firma y la situación continuaba, se consideró despedida.
La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda que pretendía el cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral.
A tal efecto, concluyó que la situación de despido indirecto, en que se colocó la dependiente, fue ajustada a derecho por el silencio de la empleadora a la intimación que cursara a efectos de que se le restituyeran las mismas condiciones de trabajo.
Dicha decisión fue apelada por la empresa ante la Cámara. Allí, los magistrados indicaron que la contestación de la firma fue extemporánea porque la dependiente ya había extinguido el vínculo.
Además, remarcaron que la compañía afirmó como justificación que hubo una reorganización dentro del banco, a raíz de dos robos ocurridos el año anterior, y de algunas licencias de personal.
"Lo cierto es que dichos robos habían acontecido varios meses antes de la reincorporación de la dependiente y la mentada reorganización comprendió únicamente el refuerzo en la seguridad del establecimiento (se colocaron vidrios blindados en las cajas), pero el resto quedó igual", explicaron los camaristas.
Por otro lado, los magistrados catalogaron la actitud de la empresa como "llamativa" porque la trabajadora tenía de 14 años de antigüedad, contaba con una categoría en cierta medida importante para el funcionamiento del banco y no podía desconocer que la trabajadora iba a volver de su licencia y que su deber era reincorporarla y estar al menos, mejor preparada para recibirla en vez de generar tal incertidumbre.
Los camaristas consideraron que "el banco entrañó una auténtica violencia laboral, de acuerdo al artículo 6 inciso c de la Ley 26.485", y justificó la decisión de la empleada de poner fin al vínculo. Por lo tanto, ordenaron indemnizarla.
Esta norma define a la violencia laboral contra las mujeres a "aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo".
Además, establece que "constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora, con el fin de lograr su exclusión laboral". Para ver el fallo provisto por elDial.com, haga clic aquí

Repercusiones
Los especialistas consultados por iProfesional.com, tuvieron una opinión dividida sobre el caso.
Por un lado, Sergio Alejandro, director del Suplemento de Derecho Laboral y Seguridad Social de elDial.com, consideró acertado el fallo pero, desde su punto de vista, era innecesario recurrir a la Ley 26.485 de Protección integral a las mujeres, en tanto no se advertía que la conducta del empleador haya constituido discriminación o violencia para con la trabajadora, vinculada a su género.
Luego explicó que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) contempla en su artículo 184 que al reingreso de la mujer trabajadora en situación de excedencia, el empleador podrá disponer en cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento  o en cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común acuerdo con la mujer trabajadora".
"Es decir que la LCT no exige la reincorporación en el mismo puesto, reconociendo la facultad organizativa del empleador y su posibilidad de ejercicio del ius variandi dentro de los límites impuestos por el artículo 66 de la LCT", agregó el experto.
Por otro lado, para Osvaldo di Tullio, del estudio Di Tullio, Rolando & Asociados, "el fallo en cuestión, no tuvo en cuenta, quizá por falta de alegación por la empresa, de las facultades que en cuanto al derecho de organizar la empresa tiene el empleador -de acuerdo al artículo 64 LCT-, pudiendo, además, introducir cambios en las condiciones que no causen perjuicios materiales o morales".
Pero, al igual que Sergio Alejandro, consideró que "no es de aplicación el inciso c del artículo 6 de la Ley 26.485, ya que en este caso a la trabajadora no se le obstaculizó la estabilidad o permanencia en el mismo a causa de su embarazo o estado civil y, además, el empleador no modificó su remuneración, sino cambio tareas".
Sobre la actitud de la empresa, Fernanda Sabbatini, remarcó que "falló al no contestar las intimaciones de la trabajadora en tiempo y forma".
"La respuesta extemporánea al contestar la intimación selló la suerte del reclamo, al constituir presunción en contra del empleador", indicó, y luego destacó que "muchas veces las empresas no le dan importancia a los plazos para responder a las intimaciones de los trabajadores y eso es lo que después termina perjudicando su defensa en el juicio".
"De todos modos, la compañía tampoco logró probar lo que argumentó como justificación al cambio de tareas", concluyó Sabbatini.

Fuente:iprofesional.com

“Apruebo plenamente la aplicación de esta norma por parte de la Justicia.- Es ley vigente y valorarse como tal.- Como se expresa desde el título de la misma: es Integral, por ende, abarcativa de muchas situaciones de actos discriminatorios y de violencia contra las mujeres en cualquiera de los ámbitos en los cuales se desempeñan”.Susana Treviño Ghioldi

Quienes Somos

Susana Treviño Ghioldi Estudio Jurídico interdisciplinario especializados en la problemática de la Violencia en sus diferentes manifestaciones (hostigamiento psicológico, acoso sexual, mobbing, bullying, violencia de genero, violencia domestica, trabajo infantil, trata y tráfico de personas, trabajo esclavo). Se ofrecen los conocimientos psicológicos y jurídicos y la experiencia de más de 10 años. Tendientes reparar los daños que producen cualquier manifestación violencia en el ámbito laboral(público o privado), familiar, escolar, académico, entre otros. Solicite asesoramiento en el Telefax: +54 (341) 435-7002, o bien vía correo electrónico a infoviolencialaboral@gmail.com o estudiojuridico_vlr@yahoo.com.ar. Av. Rivadavia 2219 – Piso 1º - Rosario. Argentina

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