Argentina: Marcha de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Buenos Aires, 05 nov. 12. .- El pasado 1 de noviembre se realizó una marcha desde el Congreso a la plaza de mayo organizada por la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, que reunió a varias agrupaciones sociales y políticas con el fin principal de pedir la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y otras demandas relacionadas al mismo.
“Si el Papa fuera mujer el aborto sería ley”, cantan con entusiasmo mujeres teñidas con banderas y vestimenta de color verde. Sus frases lejos están de ser casuales. El poder eclesiástico es uno de los bastiones fundamentales de la lucha contra el aborto, sosteniendo un discurso con consignas como “derecho a la vida”, cuando bien se sabe que dentro de su espacio se encuentran personajes que han recibido, por ejemplo, a dictadores como Pinochet.
Sin embargo, la Iglesia no parece estar sola en esta disputa contra el reclamo por el que tanto se ha luchado desde el campo popular. “El gobierno nacional elije pararse sobre una visión conservadora de la sociedad, sobre una visión de la mujer al servicio del otro y, en ese sentido, lamentablemente prefieren vincularse y darle apoyo a los sectores reaccionarios de la sociedad como la iglesia católica como institución antes que a las mujeres, a los trabajadores y a los sectores populares”, cuenta Manuela Castañeira, militante de la agrupación “Las Rojas”, en el “Nuevo Mas”. Más allá de este escenario adverso, Manuela es realmente optimista con respecto a las luchas en la calle: “Hoy las mujeres estamos en una movilización unitaria por el aborto legal ya. Puede ser una marcha histórica”.
Por su parte, Elsa Schvartzman, de la campaña organizadora de la marcha, muestra cierta felicidad con respecto a la discusión instalada, pero también entiende que la relación concienciación-movilización no es absoluta: “la sociedad está debatiendo y hay una adhesión masiva, aunque, a veces, cuesta poner el cuerpo en estas cuestiones”. A su vez, también cree que instalar toda la responsabilidad en el ejecutivo nacional es “simplista”, puesto la cuestión es más compleja que la opinión de una sola persona: “la resistencia a la discusión por el derecho al aborto tiene un entramado político y económico muy fuerte, sostenido por los poderes eclesiásticos, que tienen sostenedores en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial”, concluyó Elsa.
También Carolina, del Frente Popular Darío Santillán, opina sobre el tema. Admite que cierto sector del gobierno estaba a favor de la ley del aborto, pero luego este grupo no se presentó, por lo que el proyecto quedó “cajoneado”. En esta sintonía, Romina, de la campaña organizadora, también pone el ojo el poder ejecutivo: “Consideramos que el Estado debe hacerse cargo del acceso libre seguro y gratuito de poder interrumpir el embarazo”.
La marcha terminó con incidentes por la aparición de grupos que se mostraron en contra del derecho al aborto, lo que generó conflictos y agresiones, a las que se sumó la intervención de las fuerzas policiales. Las mujeres de verde siguen gritando. Saben, de los obstáculos a los que se enfrentan, pero también de los sectores de luchadores que están en su misma lucha. Lucha necesaria para convertir el derecho al aborto en ley, aunque el Papa no sea mujer. fuente:amecropress
Reunión con legisladores de distintos bloques en la Cámara de Diputados. Amnistía Internacional pidió al Congreso que vuelva a debatir la despenalización del aborto
Argentina
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012.- Una misión de Amnistía Internacional con representantes de sus sedes en Londres y Buenos Aires, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, reclamó que se reabra el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación.
En una reunión realizada esta mañana en la Cámara de Diputados con legisladores de distintos bloques se acordó un plan de trabajo, que incluye el compromiso de convocar a una audiencia pública en el Parlamento antes de fin de año y el lanzamiento de una campaña nacional tendiente a que el tema ingrese en la agenda parlamentaria el año próximo.
Marianne Mollman, asesora legal de Amnistía Internacional y experta en derechos humanos de las mujeres, afirmó: “Hemos venido a preguntarle al Congreso argentino por qué hace un año que no debate la despenalización del aborto. Esta es una obligación que asumió el Estado al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. La penalización del aborto es un problema serio de salud pública, que afecta desproporcionadamente a los sectores pobres y es completamente prevenible”.
“Esta es una responsabilidad que le cabe a los tres poderes del Estado. El Judicial ya intervino a través del fallo de la Corte Suprema que estableció que no es punible el aborto practicado a una mujer víctima de violación. Le toca al Ejecutivo garantizar la plena implementación de esa sentencia en todo el país. Y al Legislativo le corresponde avanzar con la agenda de los derechos humanos de las mujeres hacia la despenalización del aborto en la Argentina”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En la reunión en la que se acordó la agenda de trabajo estuvieron los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Claudio Lozano, Liliana Parada (Unidad Popular), Laura Alonso (PRO), Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria), Manuel Garrido (Unión Cívica Radical), y Virginia Linares (GEN). En el encuentro también participaron las organizaciones Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) e integrantes de la Campaña por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito
En 2010 se abrió el debate en el Congreso, en una audiencia pública en la comisión de legislación penal. Entonces se presentaron argumentos jurídicos, de salud pública y de derechos humanos para despenalizar el aborto. Sin embargo luego la discusión se cerró y en el último año el tema no fue tratado en el Congreso. fuente:amnistia.org.ar
El Gobierno porteño apelará el fallo que suspendió el primer aborto no punible
09/10/12
ABORTO NO PUNIBLE
Buscará destrabar el amparo judicial que presentaron representantes de grupos antiabortistas. La medida judicial impidió la interrupción de un embarazo previsto para hoy en el hospital Ramos Mejía.
El Gobierno porteño apelará el fallo que suspendió hoy el primer aborto no punible en la Ciudad que iba a realizarse en el hospital Ramos Mejía, informó la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, en conferencia de prensa.
"La Ciudad tiene la responsabilidad de cumplir con el fallo de la Corte y actuar en virtud del Protocolo del Ministerio de Salud", publicó la funcionaria en Twitter. “Yo leí el fallo, apela a convenios internacionales y a la Constitución Nacional, pero creemos que la Corte Suprema, si bien falló sobre un caso particular, fijó doctrina en relación al tema”, dijo en diálogo con TN.
El aborto no punible que había sido anunciado el jueves pasado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, fue suspendido debido a un recurso de amparo presentado por la ONG Pro Vida. Pedro Andereguen, abogado de la entidad, señaló que se interpuso una medida judicial para proteger al niño por nacer y que la práctica no se realizará hasta que se resuelva el proceso judicial.
Militantes de esta agrupación antiabortista se manifestaron hoy en las puertas del hospital, con remeras con la leyenda "Sí a la vida" y distribuyendo volantes. La práctica iba a realizarse a una mujer de 32 años, víctima de una red de trata. Lo había anunciado el propio Macri el jueves por la noche en la cena de Consenso Republicano, donde señaló que sería el "primer aborto no punible legal" de la Ciudad y que se habían cumplido "todas las instancias legales".
Al día siguiente, el jefe de Gobierno confirmó su veto al protocolo de atención de abortos no punibles aprobado por la Legislatura, por considerar que "excede lo establecido por la Corte". Este aborto, entonces, se iba a hacer dentro de lo que fija el protocolo vigente, firmado por el ex ministro de Salud Jorge Lemus. fuente:clarin.com
Aborto suspendido: abogado de la mujer dice que demoran su derecho
El hombre dijo que iniciará acciones judiciales contra las autoridades del hospital donde debía realizarse la interrupción del embarazo.
09/10/2012
Pablo Vicente, representante legal de la mujer a quien hoy se debía practicar un aborto no punible, realizó una presentación ante el juzgado Civil N° 106 de la Ciudad, que impidió la realización de la práctica, para que se concrete la operación "pero la jueza sigue dilatando el derecho de la víctima", dijo el abogado.
También anticipó que iniciarán acciones judiciales contra las autoridades del hospital Ramos Mejía, donde debía realizarse la interrupción de la gestación "porque incumplieron sus deberes de funcionarios públicos".
En diálogo con Télam explicó que se presentaron en la causa judicial "iniciada irregularmente por una ONG, para pedir que la víctima sea oída y que se respete su derecho a decidir sobre su cuerpo".
Vicente aseguró que la situación de la mujer "se encuentra encuadrada en el artículo 86 del Código Penal, en la interpretación que hizo la Corte sobre el mismo, y en el protocolo para abortos no punibles vigente en la Ciudad".
Confirmó que la víctima "se encuentra cursando su novena semana de embarazo" y el protocolo estipula que la interrupción puede realizarse hasta la semana 12.
Revictimización. La respuesta de la titular del juzgado, Myriam Rustán de Estrada, fue "que se acredite la identidad de la mujer", lo que fue considerado por el abogado "una acción dilatoria, que sigue revictimizando a la mujer, ya que el juzgado puede realizar esa comprobación inmediatamente, pero nos exige que lo hagamos nosotros".
Reconoció que "estamos trabajando para ver cómo cumplimos con el pedido judicial, ya que no queremos seguir exponiendo a la víctima que hace sólo 10 días logró escapar de una red de trata que la tenía secuestrada".
El profesional calificó como "irregular" la presentación que hizo la ONG que se presentó a la justicia e impidió la concreción del aborto no punible "ya que el juzgado en turno era el Civil N| 56 a cargo del doctor Ricardo Guiraldes, sin embargo, ingresó en el N| 106 sin sorteo ni trámite".
Se preguntó si los integrantes de la organización "tenían algún conocimiento sobre cómo iba a fallar la jueza" y también "por qué la magistrada no pide que la ONG explique cómo consiguió los datos que aportó en la causa: el nombre de la víctima y de los médicos que iban a realizar la práctica".
Adelantó que "vamos a denunciar al hospital, porque se filtraron los datos de la víctima que debió soportar un escrache en su casa encabezado por el sacerdote que trabaja en el Ramos Mejía".
Vicente contó que la mujer "está traumatizada, asustada, amargada; gran parte de su familia no sabe sobre su situación, y con esta medida irracional, se la sigue victimizando, decidiendo sobre su vida". fuente:lavoz.com.ar
Urge atención a las madres en familias monoparentales
Madrid
Lo sabíamos, no hay más que dedicar dos minutos a la cajera, a la mujer que te vende el pescado o a la camarera que te sirve el café . La situación de las madres jóvenes es tremenda y lo ha dejado bien claro el informe de Adecco .
Recordemos cuando se habla de niñas y niños pobres ,se habla de madres pobres: "Casi dos millones de niños están en riesgo de pobreza relativa en España, según el primer estudio ‘Infancia en España 2010-2011′, presentado por Unicef y que pone de manifiesto que casi uno de cada cuatro menores (un 24,1%) de los ocho millones que residen en el país, viven en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60% de la mediana nacional (16.684 euros al año en un hogar con dos adultos y dos niños).
Pero podemos dedicarnos a legislar sobre la interrupción del embarazo y dejar a ese 26% de mujeres paradas o con horarios de infarto: la cajera de mi super se levanta a las 3 de la mañana para darle el biberón a su niño y a las 8 esta preparada para tomar el metro y llegar al trabajo.
El II Informe Mujer con Responsabilidades Familiares no compartidas y empleo
Más de una cuarta parte (26%) se encuentra en paro,
9 de cada 10 familias monoparentales en España está encabezada por una mujer
• En concreto, un 88,6% frente a las 11,4% dirigidas por un hombre. Si en 2002 se registraron 273.000, a finales de 2011 se contabilizaron 486.400 familias monoparentales encabezadas por una mujer.
• Entre las causas que subyacen a este aumento podemos destacar el crecimiento vertiginoso de las familias encabezadas por madres solteras, así como el incremento de los divorcios y de la inmigración.
• Un 60,5% de las encuestadas en paro lleva sin trabajar más de un año.
• Un 76,6% de ellas estaría dispuesta a hacer las maletas con sus hijos a cuestas con tal de trabajar. Un 19,8% de éstas, incluso emigraría.
• Además, un 89% declara sentirse discriminada en los procesos de selección por ser madre y estar sola.
• De las que trabajan, la mayoría lo hace en el sector servicios (45,5%), a jornada parcial (58%), siendo el puesto más habitual el de auxiliar administrativa (27%) y teleoperadora (22%).
• Un 50% de las que trabajan tiene un empleo estable, ya que lleva más de un año en la misma empresa.
En medio de una crisis sin precedentes, sacar adelante a una familia ya es todo un reto, un desafío que se ve multiplicado en el caso de las familias monoparentales.
En nuestro país, son las mujeres las que llevan las riendas, ya que casi 9 de cada 10 familias monoparentales (un 88,6%) está encabezada por la figura materna, frente a las 11,4% de las encabezadas por hombres, según el Instituto de la Mujer.
Desde que comenzase la crisis en el año 2008, el papel de la mujer ha sido fundamental para salvaguardar la economía doméstica golpeada por la recesión. Otro año más, la tasa de actividad femenina continúa su avance hasta alcanzar el 52,93%, mientras que la masculina se contrae hasta el 67,3% ante el desánimo extendido entre los hombres parados de larga duración.
La principal incorporación de la mujer ha venido por parte de las amas de casa, que han abandonado progresivamente las labores domésticas para buscar un empleo en el mercado laboral. Así si en 2009, ya avanzamos la incorporación de más de 100.000 amas de casa y en 2010, la de 170.000 más, en este pasado 2011, 195.500 fueron las amas de casa que se sumaron a la búsqueda activa de empleo, incorporándose de esta manera al mercado de trabajo. Esto hace un total de casi medio millón de mujeres que han cambiado el trabajo doméstico por el laboral.
Y aunque la gran mayoría de este colectivo querría trabajar a tiempo completo, la realidad es bien distinta ya que 1.868.000 mujeres están ocupadas a tiempo parcial frente a 590.500 hombres. Según datos del INE, cerca de un millón de estas mujeres (987.500) tienen un contrato a jornada parcial porque no encuentra otro tipo de contrato, mientras que sólo 181.700 lo hacen porque realmente no quieren un empleo a jornada completa. fuente:http://mujerdelmediterraneo.blogspot.com.ar/2012/09/urge-atencion-las-madres-en-familias.html
Congreso uruguayo aprobará el martes la despenalización del aborto
24-09-12 | POLÍTICA
Cuatro años después de que Tabaré Vázquez vetara su legalización, Uruguay será el primer país de Sudamérica en legislar un tema tabú en la mayoría de los países de la región
La Cámara de Diputados uruguaya votará, el martes, una ley de despenalización del aborto criticada por antiabortistas pero también por los proabortistas, que la consideran insuficiente, en el segundo intento legislativo de concretar la medida tras una iniciativa similar fracasada en 2008, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó la ley sancionada por el Congreso.
El nuevo proyecto despenalizará el aborto hasta la semana doce de gestación, con un plazo mayor sin límite en caso de que haya riesgos para la salud de la madre. La iniciativa, aprobada el 27 de diciembre por los senadores, tiene los votos suficientes en la Cámara baja, de manera que se estima que pasará sin problemas esta instancia, aunque igualmente generará un extenso debate, a juzgar por las opiniones adelantadas por todos los sectores políticos con representación parlamentaria.
El diputado Iván Posada, del Partido Independiente (PI), dará un informe en mayoría, con el argumento de que este proyecto servirá para "disminuir el número de abortos" que se practican en el país, muchas veces sin las garantías para la madre ni para el bebé. Según el legislador, la nueva ley permitirá a la mujer decidir libremente si desea interrumpir el embarazo y, en ese caso, podrá realizarlo con las máximas garantías para su salud.
El opositor Partido Nacional (PN) basa su rechazo a la ley en el "derecho a la vida" y en la "defensa de los derechos humanos", argumentos que también sostiene el opositor Partido Colorado (PC), que ordenó a sus diputados votar en contra "por disciplina partidaria", ya que algunos están de acuerdo con la propuesta del oficialismo.
La despenalización del aborto es un tema que se ha discutido desde las primeras décadas del siglo pasado en Uruguay, y llegaron a aprobarse algunas regulaciones para casos especiales.
El diputado Juan Carlos Souza, del Frente Amplio -con mayoría en ambas Cámaras-, explicó este lunes a EFE que el Gobierno afronta la votación con "expectativa" porque esta ley es "una larga y anhelada meta para el Frente Amplio" y "un paso significativo para el avance de la legislación sobre el aborto". "Este proyecto de ley busca proteger a las mujeres con menor poder adquisitivo y asegurar su acceso a un proceso médico con todas las garantías y gratuito", explicó.
Sin embargo, admitió también que "no es el proyecto original" que el oficialismo deseaba aprobar y auguró, además, para este martes, una jornada "larga y extensa" de debate en la Cámara baja. El proyecto, explicó, "no legaliza el aborto" de forma íntegra, pero abre "una instancia para que las mujeres que libremente decidan abortar lo puedan hacer sin considerarse delito, dentro de un marco legal y con un médico adecuado".
En los últimos días, la Coordinadora por el Aborto Legal en Uruguay rechazó el proyecto de ley al considerar que no despenaliza realmente la interrupción del embarazo y desprotege a las mujeres. Entre otras cosas, criticó el hecho de que si la mujer no sigue el procedimiento legal, que pasa por acudir a las entidades médicas oficiales, puede ser igualmente penalizada y denunciada. También que aun estando en "grave riesgo" la salud de la madre, la normativa dice que se debe tratar de "salvar la vida del embrión o feto", lo que deja a la mujer en una "situación de gran indefensión". El colectivo denuncia, además, la "humillación" a la que se somete a las mujeres al obligarlas a entrevistarse con un tribunal para explicar por qué quieren practicarse un aborto, otro de los requisitos contemplados en la ley. "Ninguna de las propuestas realizadas por la Coordinadora fueron tomadas en cuenta en el proyecto, el Parlamento le ha dado la espalda a las mujeres y a la sociedad civil organizada", afirmó Lilian Abracinskas, integrante de la coordinadora.
En el otro extremo, la organización Mesa Coordinada Nacional por la Vida realizará, este lunes por la tarde, una manifestación en el centro de Montevideo en rechazo a la propuesta, que considera un atentado contra el ser humano.
Sobre esa movilización y las convocadas para el martes por ambos bandos en los alrededores del Parlamento, Souza expresó, este lunes, su "respeto por las opiniones y manifestaciones en un país democrático, siempre que se den en un clima pacífico y tolerante".
Una encuesta realizada por la consultora Cifra y difundida el viernes pasado señala que el 52% de la población de Uruguay está a favor de despenalizar el aborto, mientras que el 34% lo censura y el 14% no se pronuncia.
A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con diferentes encuestas de opinión que se han realizado en el país, la opinión pública está dividida a favor y en contra de la nueva ley, que básicamente establece que "toda mujer mayor de edad tendrá derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional".
En noviembre de 2008, cuando transcurrían tres años del gobierno izquierdista del oncólogo Tabaré Vázquez, el congreso aprobó la llamada "Ley de Salud Sexual y Reproductiva" que fue vetada por el entonces presidente, sobre la base de "razones filosóficas y biológicas". El veto causó una gran molestia en el seno del Frente Amplio y entre organizaciones feministas. fuente:america.infobae.com
E Proyecto se encuentra en la Sección: Jurisprudencia Internacional
Marchan en Argentina para pedir despenalización del aborto
Escrito por Eugenia Morales Lunes, 28 Mayo 2012 21:05
Organizaciones sociales, sindicales y políticas de centroizquierda e izquierda marcharon el lunes frente al Congreso argentino para reclamar la profundización de políticas de salud integral para las mujeres y la despenalización y legalización del aborto.
El Frente de Mujeres Nacional y Popular exigieron que los legisladores “no sigan postergando el tratamiento del proyecto de ley para la despenalización del aborto” que comenzó a debatirse en una comisión de Diputados a fines de 2011.
El proyecto prevé la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y generó un intenso debate en la sociedad y la Iglesia católica, culto mayoritario en Argentina, anticipó su férrea oposición.
“Las mujeres organizadas continúan la lucha por el derecho al aborto que lleva más de 30 años en el país. Se trata de una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos”, señalaron los organizadores en un comunicado.
Las actividades se concretaron con la consigna “Unidas y Organizadas por el Aborto Legal”, en el marco del Día Internacional del Derecho a la Salud de las Mujeres
En Argentina se realizan 700.000 abortos clandestinos por año, según las ONG partidarias del aborto, mientras que el Ministerio de Salud cifró los casos en 470.000 en 2009. fuente: s1.acn.com.ve.
En fallo histórico, la Corte consideró "no punible" el aborto tras una violación
13-03-12 | Sociedad
Confirmó en decisión unánime una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, que permitió interrumpir el embarazo a una adolescente de 15 años que fue abusada. El fallo precisa el alcance del aborto no punible e insta a no judicializar los casos. Lorenzetti aclaró que no abre la puerta a la legalización 
El máximo tribunal ratificó hoy en un fallo unánime la autorización de un aborto por parte del Supremo Tribunal de Chubut, sentando así jurisprudencia respecto a que no será necesaria la autorización judicial previa en los casos de violaciones.
Las mujeres que interrumpan el embarazo luego de una violación y los médicos que lo practiquen no deberían sufrir sanciones, de acuerdo al criterio del máximo tribunal.
Los integrantes del máximo tribunal remarcaron la necesidad de que los casos no sean judicializados y exhortaron a implementar los protocolos hospitalarios necesarios para que todas las mujeres que se encuentren en una situación similar puedan abortar sin exigir una autorización previa.
Si bien el fallo sienta un importantísimo antecedente, las resoluciones de la Corte no son de aplicación obligatoria en la Argentina y en algunos temas sensibles las diferencias jurisprudenciales entre distintas salas se hacen manifiestas. La Corte, como última instancia, adelantó cuál será su criterio para todos los casos que lleguen a su órbita, aunque lo que se busca es no judicializar este tipo de conductas.
En este caso, la Corte se limitó a precisar la interpretación que debe dársele al Código Penal, donde ya están legislados los abortos "no punibles" para los casos de violación. Es por ello que no haría falta una modificación legislativa para que la aplicación del criterio del máximo tribunal sea operativo.
Distinto es lo que sucede en la actualidad con la tenencia de marihuana para consumo personal, que fue declarada como no punible en un fallo de la Corte, pero aún no hubo avances legislativos, por lo que la aplicación de este criterio es más esquiva.
Una sentencia histórica
Se trata de un fallo histórico en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta jurisprudencia respecto a que no será necesaria la autorización judicial previa en los casos contemplados como "no punibles" por el Código Penal.
El recurso extraordinario "F149-4605" interpuesto ante el máximo tribunal contó con el total respaldo de los jueces de la Corte. Apunta a establecer pautas que deberán adoptar tanto jueces como médicos, quienes deberán priorizar los derechos de la mujer.
La Corte Suprema ratificó una sentencia de la Justicia de Chubut por el caso de una joven que cuando tenía 15 años fue violada por su padrastro y debió practicársele un aborto.
El fallo contiene lineamientos que alejan los abortos legalmente autorizados del pensamiento de jueces y médicos que suelen actuar de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas.
A principios de marzo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut avaló el pedido de una adolescente de 15 años de Comodoro Rivadavia, cuyo nombre no se reveló por cuestiones legales que la protegen, para interrumpir un embarazo producto de la violación perpetrada por su padrastro, según denunció en la Justicia.
El fallo revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había negado la autorización, a la vez que encuadró el caso como un aborto no punible contemplado en el inciso 2 del Código Penal.
De ese modo, confirmó que cualquier mujer, y no sólo aquellas con discapacidad mental, tienen el derecho a terminar con una gestación fruto de una violación.
El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso extraordinario, y fue analizado por la recientemente creada Secretaría de Derechos Humanos del máximo tribunal, a cargo de Cristian Abritas.
Más de 2.000 de personas defienden en Santiago los derechos de la mujer
Convocadas por diferentes colectivos feministas
Más de 2.000 personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela en defensa de los derechos de la mujer y contra la derogación de la ley del aborto que supondrá "un retroceso histórico sin precedentes".
La marcha ha sido convocada por una docena de colectivos feministas y asociaciones de toda Galicia, como la Marcha Mundial de las Mujeres bajo el lema ‘Mulleres Galegas en loita polos nosos dereitos’ -Mujeres gallegas en lucha por nuestros derechos- y ha sido apoyada por diferentes organizaciones políticas como Izquierda Unida o el BNG.
En declaraciones a los medios, una de las representantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, Eva Salgado, ha explicado que esta movilización "unitaria" de "todo el feminismo gallego" tiene como objetivo "defender los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de 30 años".
Según ha indicado, en la actualidad estos derechos "se están haciendo pedazos debido a las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular, tanto en Galicia como en el resto de España" y que se ven "agravadas" por la crisis que provoca que "las mujeres trabajen en precario" e incluso tengan "que volver a casa" al tiempo que "las labores domésticas siguen sin compartirse".
Ley del aborto
En su intervención, Salgado ha denunciado que, dentro de la pérdida de derechos, la "gota que colma el baso" es la intención del Gobierno estatal de "derogar" la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 para "volver a una norma que data de 1985" y que "solo despenaliza a las mujeres que abortan" en "tres supuestos".
La marcha ha partido de la estación de trenes de la capital gallega rumbo a la Praza da Quintana y en ella participaron la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, las diputadas nacionalistas Carme Adán y Ana Luisa Bouza, así como el portavoz nacional de la formación nacionalista, Guillerme Vázquez.
Durante su recorrido, las manifestantes han coreado consignas como "Imos queimar, imos queimar a Conferencia Episcopal" -Vamos a quemar, vamos a quemar, la Conferencia Episcopal-, "Rebelión, desobediencia, contra a súa violencia" -Rebelión, desobediencia, contra su violencia- o "Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé" -Aquí está, aquí se ve, el feminismo gallego en pie-.
Pontón: ‘un retroceso sin precedentes’
En este sentido, la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que "con la reforma laboral" y con la derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva el Partido Popular quiere hacer un "retroceso sin precedentes" en la igualdad y en los derechos de las mujeres.
De esta manera se ha pronunciado Ana Pontón en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar, junto al portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, en la manifestación.
La portavoz nacionalista ha subrayado el "compromiso" del BNG con da defensa de los derechos de las mujeres y la convicción de que "avanzar en el plano de la igualdad es un objetivo irrenunciable".
"Estamos asistiendo a un proceso de recortes, de ataques a los derechos de as mujeres que desde el BNG creemos que tiene que frenarse, pues sino, va a significar un pasó atrás en todos aquellos aspectos que fueron conquistados a lo largo de estos años", ha asegurado.
Reforma laboral
En su intervención, la diputada nacionalista también ha señalado que la reforma laboral aprobada por el Partido Popular "significará para las mujeres más paro y más precariedad", así como "un ataque a los derechos de conciliación".
En este sentido, Ana Pontón ha recordado las afirmaciones realizadas por el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, la semana pasada en las que apuntaba la existencia de "una violencia estructural que obliga a abortar" y las ha calificado de "insulto a la inteligencia y a la dignidad de las mujeres".
"El Partido Popular lo que realmente quiere llevar adelante es un programa ideológico que cuestiona, precisamente, el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su maternidad", ha denunciado.
Ante esta cuestión, la portavoz parlamentaria del BNG ha recordado que el BNG votó en contra de la reforma laboral y trabajará para que "no se consume esta derogación de la ley del aborto". fuente: elmundo.es
Por año se producen medio millón de abortos ilegales en Argentina
Derechos reproductivos y cárceles, los puntos preocupantes
Lo dice el informe anual realizado por Human Rights Watch en el que se destaca la preocupación por las “restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres”. También se criticó la persistencia de las “condiciones carcelarias deplorables”.
La organización no gubernamental internacional Human Rights Watch (HRW) elaboró su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Allí realizó observaciones sobre la actual situación del país mostrándose ya que “persisten en la actualidad pueden mencionarse las condiciones carcelarias deplorables, torturas y restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres”.
Uno de los puntos álgidos en donde se detuvo es en los derechos reproductivos en el país, al respecto consigna que “las mujeres y niñas enfrentan numerosos obstáculos al acceso a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación”.
En este sentido destacó que “las prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia (ilegal) de autorización del esposo, la falta de recursos económicos y, en algunos casos, la denegación arbitraria de atención” como los inconvenientes más comunes con los que se enfrentan las mujeres de nuestro país.
Son “sumamente deficientes” el control gubernamental de la atención de la salud reproductiva y las prácticas de rendición de cuentas sostiene el informe, lo que, resulta en que las mujeres y niñas “deben afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud”. “Cada año se producen aproximadamente medio millón de abortos ilegales” destaca el documento y agrega que “el aborto inseguro ha sido una de las causas principales de mortalidad materna durante décadas”.
Con respecto al atentado a la AMIA y al accionar de la Justicia Argentina en este tema, la ong advirtió que “hasta hoy ninguna persona ha sido condenada por el atentado” y consignó que las investigaciones y los juicios penales se han visto “obstaculizados” por la “corrupción judicial” y “encubrimientos políticos en el ámbito interno”. A lo que agregan la “falta de cooperación” de Irán y del sistema judicial Argentino.
Las condiciones de los centros de detención es otro de los puntos a los que hay que prestarle atención, para HRW “persisten graves problemas” que incluyen “sobrepoblación, condiciones edilicias inadecuadas, abusos por parte de guardias penitenciarios y violencia entre internos”. Lo que también detalló con respecto al país vecino de Brasil donde también “en muchas cárceles y centros de detención… prevalece la violencia y existen graves condiciones de hacinamiento”.
Aquí se marca lo dicho por el Relator Especial para los derechos de las personas privadas de libertad de la OEA con respecto a la Argentina ya que señaló “como preocupante la aplicación abusiva de la prisión preventiva, las torturas y los malos tratos por parte de guardias policiales, las condiciones sanitarias deficitarias y la atención médica deficiente en estos establecimientos”. Sobre una población carcelaria de 30.132 internos en la provincia de Buenos Aires, 4.040 permanecían detenidos en celdas en dependencias policiales.
Un punto de comparación que puede hacerse con otros países de la región es la aplicación de leyes antiterroristas. En nuestro país recientemente se aprobó una ley de similar tono que fue rechazada por un sinnúmero de organizaciones de derechos humanos. El caso de Chile es el más parecido ya que la aplicación allí de la Ley antiterrorista derivo en críticas de HRW.
La ong destaca que en el país trasandino “la aplicación indebida de la ley antiterrorista a delitos comunes contra la propiedad, como el incendio intencional cometido por activistas Mapuches, continúa representando un grave obstáculo para el debido proceso”.
Algo similar se consignó con respecto a Ecuador y el uso indebido de disposiciones antiterroristas en casos de protesta social. “Los fiscales han aplicado una disposición del Código Penal sobre ‘sabotaje y terrorismo’ en casos relacionados con protestas contra proyectos de minería y petróleo y en otros incidentes que derivaron en enfrentamientos con la policía”, sostiene el informe.
“La comisión de actos de violencia o la obstrucción de carreteras durante este tipo de protestas debería, en todo caso, ser un delito penal común”, destacan desde la ong, pero “el Código Penal de Ecuador incluye, en la categoría de sabotaje y terrorismo, a los ‘delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes’, cometidos por individuos o grupos ‘armados o no’”. fuente. DJ
Maltrato en elTrabajo. Sanidad. Susana Treviño Ghioldi
Día internacional de la Mujer. 8 de marzo 2013. Historia. Mujeres influyentes
10 de Diciembre de 2012 Día Internacional de los Derechos Humanos
Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre. 2012
Primero de Mayo. La Violación del Descanso Semanal. Manifestación de Violencia
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El ministerio de Trabajo detectó a menores trabajando en tareas riesgosas en un campeonato internacional de Tiro al Pichón
Una violación filmada avergüenza a Sudáfrica
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